PHOENIX - Un mexicano se declaró el martes culpable del homicidio de un agente de la Patrulla Fronteriza - que puso al descubierto la fallida operación "Rápido y Furioso" para rastrear el tráfico de armas hacia México-, en lo que constituye el avance más relevante en tribunales en un caso que dejó malparado al gobierno federal y suscitó diversas investigaciones por parte del congreso.

En su declaración de culpabilidad, Manuel Osorio Arellanes aceptó que formaba parte de un grupo de maleantes que había ingresado furtivamente en Estados Unidos desde México, más o menos una semana antes de la muerte del agente Brian Terry.

Los integrantes de este grupo delictivo habían acumulado armas y víveres en el lado estadounidense de la frontera y dieron muerte a Terry cuando buscaban a traficantes de marihuana para robarlos.

Las autoridades no han determinado qué miembro de esa banda posiblemente mató a Terry en el enfrentamiento del 14 de diciembre de 2012. De los cinco acusados en el homicidio de Terry, sólo dos están detenidos, mientras que tres continúan prófugos.

Las autoridades ofrecen una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la captura de los mismos. El FBI dijo que continúa la búsqueda implacable de estos individuos.

Los fiscales acordaron no buscar la pena de muerte contra Osorio Arellanes, quien afronta una sentencia de prisión perpetua acusado de homicidio con todas las agravantes.

Debido a la muerte de Terry, salió a la luz la fallida investigación del gobierno federal sobre tráfico de armas, y después estuvo sujeta a diversas investigaciones en el congreso.

Las críticas han llovido sobre las autoridades federales, por permitir que compradores testaferros se retiraran de las tiendas en el área de Phoenix con las armas que acababan de comprar, en vez de detenerlos de inmediato e incautarles el armamento.

Dos fusiles comprados por un grupo de traficantes de armas, que era vigilado por el gobierno como parte de la operación "Rápido y Furioso", fueron hallados en la escena del tiroteo. Las autoridades se han negado a señalar si el arma homicida estuvo vinculada con las compras realizadas por esos contrabandistas.

Terry y otros tres agentes fueron baleados en un cañón al norte de la ciudad de Nogales, Arizona, fronteriza con México. Los agresores fueron Osorio Arellanes y otros cuatro individuos que habían venido a Estados unidos a robar a traficantes de marihuana, dijeron los investigadores.

Osorio Arellanes, oriundo del estado mexicano de Sinaloa, fue herido de bala durante el enfrentamiento, y permanece a disposición de las autoridades desde la noche del tiroteo. De acuerdo con el FBI, Osorio Arellanes le dijo a los investigadores que apuntó su arma hacia los agentes durante la balacera, pero no abrió fuego.

El juez federal David Bury dictará el 11 de enero la sentencia contra el acusado. El abogado del mexicano, Clay Hernández, se abstuvo de comentar sobre la declaración de culpabilidad de Osorio Arellanes.

"La declaración de culpabilidad (de Osorio Arellanes) es un avance importante en la búsqueda de justifica para el agente Terry", dijo en un comunicado Laura Duffy, la principal fiscal federal en San Diego, cuya oficina sigue el caso.

La operación "Rápido y Furioso" comenzó en 2009 con el objetivo de rastrear a los cabecillas del tráfico de armas. Sin embargo, los agentes perdieron la pista de unas 1.400 de las 2.000 armas compradas por contrabandistas, incluidos fusiles AK-47 y otro armamento de asalto y de alto poder.

Algunas armas adquiridas ilegalmente, con conocimiento del gobierno, fueron halladas después en escenas de crímenes, tanto en México como en Estados Unidos.

Los detractores fustigan a las autoridades federales por haber permitido que los informantes se retiraran con las armas que habían comprado en establecimientos del área de Phoenix.

Dos fusiles encontrados en el lugar donde Terry cayó baleado fueron adquiridas por un comprador testaferro para una organización contrabandista a la que se acusa de comprar armas para el violento cartel de Sinaloa, según los investigadores.

Jaime Ávila, de 25 años, ha admitido ante la corte la compra de dos armas, y se ha declarado culpable en un caso relacionado con el comercio de las mismas, pero independiente de la investigación sobre la muerte de Terry.

Ávila, que no está acusado de la muerte de Terry, podría pasar hasta 10 años en prisión. Se le dictará sentencia el 12 de diciembre.